Sistemas alimentarios y dietas saludables y sostenibles

Sistemas alimentarios y dietas saludables y sostenibles

Introducción[3]

La noción de sistemas alimentarios se refiere a la red de agentes, procesos e interacciones que participan en el cultivo, la elaboración, la distribución, la preparación, el consumo y la eliminación de los alimentos[4], así como los resultados sociales, económicos y ambientales que generan estas actividades[5].

Una visión holística de los sistemas alimentarios se centra en cómo los distintos procesos interactúan entre sí y con sus contextos medioambientales, sociales, políticos y económicos más amplios[6], reconociendo al mismo tiempo la función particular que desempeñan el poder, el género y las relaciones generacionales. También reconoce la compleja interrelación de los sistemas alimentarios con otros sistemas, como los ecosistemas, los sistemas económicos, los sistemas socioculturales y los sistemas de salud[7].

Los sistemas alimentarios afectan al derecho a una alimentación y nutrición adecuadas (DHANA) en todas sus dimensiones, desde la disponibilidad y la accesibilidad de los alimentos hasta su adecuación (por ejemplo, cultural, de seguridad o nutricional). Los derechos de los y las campesinas a los recursos naturales, los derechos de las personas trabajadoras a salario dignos y a la protección social, y los derechos de los y las niñas a dietas saludables, están intrínsecamente ligados al sistema alimentario. En consecuencia, la forma en que se configuran los sistemas alimentarios, desde la semilla hasta el plato, es fundamental para la realización del derecho a la alimentación y a la nutrición, y de los derechos conexos.

El sistema alimentario corporativo mundial dominante y su modo de producción agroindustrial, basado en el monocultivo, altos niveles de insumos químicos y semillas comerciales, socavan el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas de múltiples maneras y desempeñan una función central en el hambre y la malnutrición[8]. A lo largo del sistema alimentario corporativo se explota a las personas, los animales y la naturaleza para mantener los costos bajos y aumentar los beneficios. El sistema promueve la homogeneización de las dietas y el consumo de productos comestibles ultraprocesados altamente rentables (“comida basura”), con efectos perjudiciales para la salud de las personas y la biodiversidad de nuestro planeta. Como consecuencia directa, están desapareciendo las variedades locales de plantas adaptadas a las condiciones locales, así como los conocimientos sobre cómo cultivarlas y prepararlas para una nutrición óptima. Al mismo tiempo, el cambio climático, la destrucción ecológica y el acaparamiento de recursos naturales vinculados al sistema alimentario corporativo están privando a las comunidades de la capacidad de cultivar sus propios alimentos y, por ende, de su soberanía alimentaria.

En los últimos años ha aumentado el reconocimiento de la necesidad de transformar los sistemas alimentarios para hacerlos más saludables y sostenibles. Lamentablemente, este debate suele estar marcado por la falta de una perspectiva de derechos humanos y de atención a los problemas asociados al sistema alimentario corporativo. Como consecuencia, muchas soluciones permanecen en la superficie y, lo que es más importante, dentro del sistema alimentario corporativo, en lugar de buscar un cambio que se aleje de él. Irónicamente, es cada vez más frecuente que las mismas corporaciones que están detrás de las prácticas de explotación que caracterizan al sistema alimentario corporativo sean invitadas a contribuir a los debates de políticas públicas sobre cómo mejorar el sistema. Esto supone un importante obstáculo para la transformación significativa de los sistemas alimentarios.

Mientras tanto, las personas que producen alimentos a pequeña escala, que producen la mayor parte de los alimentos del mundo al tiempo que cuidan del planeta, y otros grupos más afectados por el hambre y la malnutrición han sido excluidos en gran medida de los debates de políticas públicas y sus soluciones han sido ignoradas o pasadas por alto[9]. Esto es especialmente cierto en el caso de la agroecología[10], que describe una amplia gama de prácticas que preservan el medio ambiente, protegen y aumentan la biodiversidad, preservan los conocimientos tradicionales, fomentan la resiliencia y buscan cambiar las relaciones de poder establecidas. Si bien se reconoce tanto en la teoría como en la práctica que es fundamental para transformar los sistemas alimentarios, la agroecología ha recibido una atención limitada y a menudo se presenta como “una solución entre muchas otras”, en lugar de como el camino a seguir para hacer que los sistemas alimentarios sean saludables, sostenibles y justos. En este sentido, la gobernanza de los sistemas alimentarios —quién tiene voz en la configuración del sistema— está en el centro de la transformación de estos sistemas.

Obligaciones de los Estados

Los Estados tienen la obligación de estructurar los sistemas alimentarios de manera que contribuyan a la realización del derecho a la alimentación y a la nutrición y los derechos humanos conexos, y que no la socaven. Deben garantizar que las políticas y programas relacionados con los sistemas alimentarios, por ejemplo, agrícolas, ambientales, alimentarios y nutricionales, laborales y comerciales, sean coherentes y fomenten los derechos humanos en todas sus dimensiones y en todo el sistema alimentario. Por ejemplo, un programa de comidas escolares no debería limitarse a los objetivos nutricionales y de salud del alumnado, sino que al mismo tiempo debería tratar de proteger el medio ambiente y mejorar los medios de vida de las personas que producen alimentos a pequeña escala (por ejemplo, la compra de alimentos producidos de forma sostenible a precios justos de productores de alimentos a pequeña escala locales). Del mismo modo, los esfuerzos para aumentar el acceso de los “consumidores” a alimentos saludables no deberían basarse simplemente en abaratar dichos alimentos, ya que esto puede tener efectos perjudiciales para los y las campesinas y las personas trabajadoras que dependen de precios y salarios justos para realizar su propio derecho a la alimentación y a la nutrición. En consecuencia, las intervenciones en los sistemas alimentarios deben adoptar una perspectiva holística que tenga en cuenta las repercusiones en todo el sistema alimentario. Estas intervenciones deberían fundamentarse en las experiencias de las personas más afectadas por el hambre y la malnutrición, y situar sus necesidades y derechos en el centro. Esto incluye a las y los trabajadores (véase el módulo sobre los derechos de los trabajadores), los pueblos indígenas y las comunidades rurales, incluidos los campesinos y otros productores de alimentos a pequeña escala (véase el módulo sobre la soberanía alimentaria), las mujeres (véase el módulo sobre los derechos de las mujeres), los niños, los adolescentes y los jóvenes, entre otras personas.

Un enfoque basado en los derechos humanos para la gobernanza de los sistemas alimentarios implica que los grupos más afectados por el hambre y la malnutrición disponen del espacio y los medios para participar de forma significativa en la formulación y aplicación de las políticas públicas. Al mismo tiempo, requiere salvaguardias eficaces para proteger de la influencia de la industria alimentaria y sus grupos de presión en la elaboración de políticas públicas. Las políticas públicas y las regulaciones deben situar a las personas y sus derechos en el centro, y no los beneficios de las corporaciones. Cuando existan plataformas de múltiples agentes, estas deben distinguir claramente y garantizar las funciones adecuadas de los distintos agentes que participan (por ejemplo, titulares de derechos frente a grupos con intereses comerciales), incluido abordando las diferencias de poder. También es fundamental contar con sólidos mecanismos de rendición de cuentas para defender el interés público y garantizar que las políticas públicas se ajusten a los derechos humanos. Los sistemas alimentarios tienden a estar configurados por factores que trascienden las fronteras nacionales, como las normas internacionales de comercio e inversión, y el cambio climático y la contaminación ambiental. Por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos desempeña una función esencial para garantizar sistemas alimentarios basados en los derechos humanos. Un componente esencial en este sentido es la regulación de las corporaciones transnacionales.

Lista de palabras clave

  • Sistemas alimentarios locales y territoriales
  • Sistema alimentario industrial/corporativo
  • Modelo de producción agroindustrial
  • Nutrición y salud
  • Dietas saludables y sostenibles
  • Lactancia materna
  • Malnutrición en todas sus formas
  • Productos comestibles ultraprocesados (“comida basura”)
  • Participación significativa de los grupos más afectados por el hambre y la malnutrición
  • Interferencias de la industria, conflictos de intereses
  • Agroecología
  • Participación, soberanía, y autodeterminación
  • Tradiciones alimentarias y patrimonio cultural
  • Mercados de agricultores
  • Biodiversidad
  • Protección de los bienes comunales
  • Trabajo de cuidados

Principales instrumentos

Preguntas de orientación

Gobernanza de los sistemas alimentarios

  • [12]

  • Si no hay políticas específicas, el derecho a la alimentación también puede protegerse en el marco del derecho a la vida. Por ejemplo, el derecho a la alimentación está protegido en virtud del derecho a la vida garantizado por la Constitución de la India.

  • Estas instituciones podrían ser ministerios específicos u otras organizaciones sectoriales y podrían operar en el plano nacional, regional y/o local.
    • Colaboración y coherencia intersectorial: ¿los ministerios y otras partes de la administración pública trabajan juntos para abordar las cuestiones relacionadas con los sistemas alimentarios y la nutrición? ¿Las políticas sectoriales son coherentes entre sí o existen contradicciones (por ejemplo, entre las políticas comerciales y agrícolas)?

  • Entre los grupos más afectados figuran las y los campesinos, pescadores en pequeña escala, pastoralistas, trabajadores, los pueblos indígenas y las mujeres y las niñas.
    A este respecto, puede resultar útil examinar críticamente la composición de los órganos de participación social (por ejemplo, los consejos de política alimentaria) planteando las siguientes preguntas: ¿Quién participa en estos órganos? ¿Se reconocen y distinguen claramente los diferentes intereses y funciones de estos agentes? ¿Ponen estos espacios un énfasis especial en las personas más marginadas y afectadas por el hambre y la malnutrición?

  • Por ejemplo, ¿están estos mecanismos de toma de decisiones en materia de política alimentaria protegidos frente a la captura y la interferencia corporativa? ¿Son los organismos públicos y las instituciones de investigación independientes desde el punto de vista financiero, o están financiados por empresas o fundaciones privadas? ¿Participa su Estado en partenariados con grandes corporaciones de la alimentación y las bebidas con el objetivo declarado de abordar la salud, la nutrición y el bienestar? ¿Existen normas eficaces para controlar las “puertas giratorias” a la hora de definir las personas responsables de la formulación y la aplicación de las políticas públicas en el sector agroalimentario?

    • ¿Existen regulaciones claras y marcos de rendición de cuentas para hacer que los agentes privados, en particular las corporaciones, rindan cuentas por las acciones que socavan los derechos humanos en los sistemas alimentarios y la nutrición, incluido extraterritorialmente?
    • ¿Existe transparencia en la gobernanza de los sistemas alimentarios y nutrición?

Protección y regeneración de la naturaleza

  • (Véase también los módulos sobre derechos medioambientales y soberanía alimentaria)

    • ¿Respeta, protege y realiza su Estado los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas a sus territorios?
    • ¿Lleva a cabo su Estado reformas agrarias para facilitar un acceso amplio y equitativo a la tierra y otros recursos productivos?

  • Por ejemplo, ¿existen incentivos o créditos, apoyo técnico, facilitación del riego y acceso a los mercados para las personas que producen alimentos a pequeña escala?

  • Por ejemplo, ¿los protege su Estado frente a la privatización? ¿Permite su Estado la movilidad pastoril y facilita la gobernanza responsable de los recursos comunes? ¿Respeta, protege y realiza su Estado los derechos de las comunidades de pescadores en pequeña escala a la seguridad de la tenencia de los recursos que constituyen la base de sus medios de vida?

    • ¿Existen incentivos para proteger la disponibilidad y el acceso a alimentos silvestres, especies y variedades medicinales locales y la agrobiodiversidad local en los sistemas agrarios indígenas y campesinos, incluido en los sistemas de pesca artesanal en pequeña escala y de ganadería y pastoralismo?
    • ¿Respeta, protege y realiza su Estado el derecho de las y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales a guardar, utilizar, intercambiar y vender las semillas o el material de propagación que han conservado en sus fincas?

  • Por ejemplo, subsidios agrícolas y  programas de apoyo técnico para respaldar la transición hacia la agroecología.

    • ¿Existen mecanismos a fin de promover la gestión sostenible y la conservación de los ecosistemas para la disponibilidad continua de agua y la conservación y restauración de la agrobiodiversidad?
    • ¿Adopta su Estado medidas para la conservación forestal, la regeneración de bosques nativos y la restauración de bosques degradados?
    • ¿Adopta su Estado políticas participativas para el uso y la gestión de los bosques que mejoren el acceso a alimentos forestales importantes en términos de nutrición por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales?
    • ¿Adopta su Estado medidas eficaces para detener la contaminación y la destrucción de los acuíferos y las fuentes de agua, la sobrepesca y el agotamiento de los mares, la deforestación, y el sufrimiento de los animales en los sistemas alimentarios?
    • ¿Dispone su Estado de regulaciones eficaces que prohíban o limiten el uso de plaguicidas y otras sustancias nocivas en la producción, conservación, transformación, almacenamiento y distribución de alimentos?

Salud y bienestar

    • ¿Cuál es la situación en su país en relación con las múltiples formas de malnutrición (desnutrición, retraso del crecimiento, emaciación, deficiencias de micronutrientes)? ¿Cuáles son las tendencias de la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas, especialmente en niños y adolescentes?

  • Esto puede hacerse a través de políticas, inversiones, investigación, educación, regulaciones y subsidios. Por ejemplo, ¿se establecen y utilizan perfiles nutricionales y directrices alimentarias basadas en los alimentos para ajustar y fundamentar las políticas alimentarias y nutricionales con el fin de promover la diversidad de las dietas? ¿Reconocen y promueven las políticas, los programas o los marcos reglamentarios el valor nutricional y los beneficios para la salud de los alimentos producidos utilizando semillas y razas campesinas y de los pueblos indígenas, así como sus prácticas de producción y gestión, en particular la agroecología?

    • ¿Reconocen los marcos normativos y/o jurídicos la importancia de los ecosistemas saludables y su uso sostenible para la nutrición, la salud y el bienestar?

  • Por ejemplo, a través de sus políticas de compras públicas (abastecimiento de las personas que producen alimentos locales a pequeña escala a precios justos) y medidas reglamentarias (por ejemplo, la regulación de la promoción, comercialización y venta de productos ultraprocesados comestibles en las escuelas o el suministro de agua potable gratuita).

    • ¿Promueve su Estado las culturas culinarias tradicionales, así como la educación culinaria en las escuelas y los centros comunitarios, y toma medidas para evitar los conflictos de intereses en la selección de proveedores?

  • Por ejemplo, por medio de la regulación de las corporaciones que tratan de promover los sucedáneos de la leche materna, la protección de la maternidad, el permiso parental y condiciones de trabajo que permiten la lactancia materna.

    • ¿Existen medidas reglamentarias en relación con la producción, la publicidad, la comercialización y el consumo de productos comestibles ultraprocesados, incluidos los sucedáneos de la leche materna, por medio de políticas, precios y otras intervenciones (por ejemplo, impuestos sobre las bebidas azucaradas)?
    • ¿Ha avanzado su Estado en la formulación y aplicación de un etiquetado interpretativo imparcial en la parte frontal del envase que advierta e informe a las personas sobre los riesgos de consumir productos comestibles ultraprocesados y su contenido en nutrientes críticos?
    • Sobre la base de la experiencia de la pandemia de COVID-19, ¿ha desarrollado su Estado estrategias con la participación de las personas titulares de derechos para prevenir y hacer frente a futuras crisis alimentarias (o de otro tipo)?

  • Por ejemplo, protegiendo el derecho al agua de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales para su uso personal y doméstico, la agricultura, la pesca y la ganadería, y asegurando otros medios de vida relacionados con el agua, como se reconoce en el artículo 21.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

    • ¿Cuál es el enfoque adoptado por su Estado con respecto a las nuevas tecnologías (por ejemplo, bioenriquecimiento, semillas y organismos modificados genéticamente)? ¿Utiliza su Estado criterios de derechos humanos para evaluarlas y aplica el principio de precaución cuando los riesgos son inciertos?
    • ¿Dispone su Estado de regulaciones y mecanismos para advertir a los y las consumidoras sobre los OMG, o controlar la presencia de alimentos/productos alimenticios con OMG? ¿Tienen los alimentos o los productos comercializados en el país etiquetas de advertencia?

  • a. ¿Tiene en cuenta la inocuidad de los alimentos todo el sistema alimentario (por ejemplo, la salud de las y los trabajadores, el uso de plaguicidas en la producción) o se centra únicamente en el consumo?

    b. ¿Promueve los alimentos naturales y locales libres de productos químicos o pone un énfasis limitado en la higiene (existencia de microbios) que, en última instancia, apoya los alimentos de la agroindustria/producidos industrialmente/envasados?

    c. ¿Dispone de una evaluación de riesgos eficaz, ajustada a la escala de las empresas, los contextos y los modos de producción?

    • ¿Promueve o exporta su Estado a nivel internacional, incluido a través de mecanismos de ayuda alimentaria, alimentos o productos comestibles que incluyen sustancias prohibidas en su Estado, pero permitidas en el extranjero?

  • ¿Limita estrictamente su uso a situaciones de emergencia al tiempo que adopta medidas para evitar consecuencias negativas como su interferencia con los mercados locales de alimentos?

  • Por ejemplo, que no se proporcionen productos ultraprocesados o alimentos que contengan OMG, y que los alimentos sean culturalmente adecuados.

Modos de producción, empleo e intercambio en los sistemas alimentarios

  • Por ejemplo, en cuanto a los subsidios, ¿respalda la financiación estatal la producción industrial de alimentos o la producción tradicional y agroecológica de alimentos a pequeña escala? ¿Apoya las cadenas de valor mundiales y los grandes supermercados, o los mercados locales y territoriales y los programas de venta directa?

  • ¿Incluye este apoyo a la agroecología una perspectiva de equidad de género? Por ejemplo, ¿busca construir relaciones igualitarias desde una perspectiva de género y permitir la autonomía de las mujeres?[15](Véase también el modulo sobre los derechos de las mujeres)

    • La ejecución de programas de adquisiciones para instituciones públicas, incluida la asistencia alimentaria y las comidas escolares, mediante los cuales se vincula a las personas que producen alimentos a pequeña escala con la demanda organizada de alimentos y otros productos agrícolas;
    • El desarrollo o mejora de infraestructuras que sean adecuadas para las personas que producen alimentos a pequeña escala;
    • La limitación de la expansión de los grandes supermercados;
    • La reglamentación de las compras en línea de alimentos y desalentar que se fortalezca aún más la distribución de alimentos a gran escala, al tiempo que se promueve la producción, el comercio y la venta al por menor descentralizados y a pequeña escala de alimentos, así como condiciones de trabajo dignas;
    • El apoyo a los mecanismos de venta directa, incluidas las asociaciones locales y basadas en la solidaridad entre productores y consumidores (como la agricultura apoyada por la comunidad o las cooperativas alimentarias);
    • El apoyo a la agricultura ecológica urbana y periurbana.

  • Esto incluye la eliminación gradual de los plaguicidas y los fertilizantes sintéticos, la resistencia a los antimicrobianos, el sufrimiento de los animales, las hormonas en el ganado, los OMG, los metales, y el plástico y otros materiales residuales.

  • En cuanto a las condiciones de trabajo y vida de las personas trabajadoras (véase el módulo sobre derechos laborales)

    • ¿Existen medidas para garantizar condiciones de trabajo y vida dignas a todas las y los trabajadores agrícolas y alimentarios, incluidos los migrantes y de temporada?¿Proporciona el empleo un salario mínimo vital adecuado[16]?
    • ¿Existen medidas para garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables y el derecho a no utilizar ni estar expuesto a sustancias peligrosas o productos químicos tóxicos?
    • ¿Reconoce su Estado que las organizaciones campesinas y los sindicatos de trabajadores del sistema agrícola y alimentario desempeñan una función crucial en el mantenimiento de la salud y el bienestar de los trabajadores?
    • ¿Protegen las normas de comercio e inversión la producción de alimentos, los mercados y la salud pública locales?

Cultura, relaciones sociales y conocimientos

    • ¿Ha impulsado su Estado medidas concretas para el desarrollo participativo de reservas estratégicas de alimentos? Cultura, relaciones sociales y conocimientos

  • Esto se refiere especialmente al conocimiento colectivo tradicional (a menudo transmitido oralmente), la innovación y las prácticas de los pueblos indígenas, las y los campesinos, los pescadores, los pastoralistas y las comunidades locales pertinentes para la producción y preparación de alimentos, la nutrición, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y los ecosistemas.

    • ¿Reconoce el Estado la importancia de las diferentes formas de conocimiento y respalda los procesos en los que se comparten y construyen conjuntamente conocimientos, en lugar de situar el conocimiento científico por encima de otras formas de conocimiento?

  • En este sentido, ¿se considera la agroecología como una innovación a la que debería darse prioridad?

  • Por ejemplo, ¿se incentiva a las y los niños a que reflexionen, aprendan y compartan sus opiniones sobre los alimentos que comen y cómo se producen?

  • Por ejemplo, mediante el respaldo a los huertos escolares y comunitarios y los mercados agrícolas locales.

  • Por ejemplo, a través de mercados locales de campesinos o programas de venta directa.

    • ¿Existe un reconocimiento y un apoyo institucional (por ejemplo, protección de la maternidad, licencia parental, estructuras de apoyo) para el trabajo de cuidados, como cocinar, alimentar, la lactancia, el cuidado de personas mayores y con necesidades especiales, el medio ambiente (trabajo con semillas, etc.)? ¿Tienen como objetivo las medidas públicas en este ámbito cambiar los roles de género establecidos y redistribuir el trabajo de cuidados para que los hombres y los niños se responsabilicen de la parte que les corresponde? (véase el módulo sobre los derechos de las mujeres)

Dónde encontrar respuestas a las preguntas

  • Programas del ministerio de agricultura, subsidios, asignación de fondos (apoyo a la agricultura industrial/productores de alimentos a gran escala frente a apoyo a productores a pequeña escala, agroecología).
  • Política y estrategias de nutrición, tanto a nivel nacional como subnacional: ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué están haciendo en la práctica? ¿Cómo se asignan los fondos (soluciones a corto plazo/técnicas frente a soluciones que abordan las causas estructurales de la malnutrición/destinadas a la transformación de los sistemas alimentarios hacia dietas saludables, sostenibles y justas)?
  • Coherencia de las políticas y la coordinación institucional: ministerio de sanidad, política de nutrición, dietas saludables, pero al mismo tiempo el ministerio de agricultura promueve la agricultura intensiva y destruye el medio ambiente; conflictos entre las políticas comerciales y los objetivos de salud pública/derecho a la alimentación (por ejemplo, promoción de sistemas alimentarios/mercados/productores de alimentos a pequeña escala locales/dietas saludables).
  • Mecanismos existentes para la participación de la sociedad civil y, especialmente, de las personas afectadas por el hambre y la malnutrición (incluidas las personas que producen alimentos a pequeña escala): quién participa y en qué condiciones/con qué voz; en el caso de los mecanismos que incluyen al sector privado: ¿existen salvaguardias contra los conflictos de intereses existentes?
  • Datos de la OMS por países sobre nutrición, dietas, enfermedades no transmisibles.
  • Datos de la FAO sobre agricultura, seguridad alimentaria, etc.
  • Encuestas demográficas y de salud de países.
  • Estadísticas sobre agricultura ecológica y comercio justo.
  • Uso de agroquímicos/prohibiciones, permisos.

Recursos útiles sobre el tema

Sistemas alimentarios y dietas saludables y sostenibles

Desafíos para la gobernanza de los sistemas alimentarios: Conflictos de intereses en las iniciativas de múltiples partes interesadas: el ejemplo de SUN

Los conflictos de intereses se refieren a un conflicto dentro de una persona o institución pública que resulta de “un conflicto entre el deber público y el interés privado de un oficial público, en el que el interés de la capacidad privada del oficial podría influir indebidamente en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales”[17]. La estrecha colaboración entre el sector privado y el público, por ejemplo a través de partenariados público-privados o de las denominadas iniciativas de múltiples partes interesadas, aumenta el riesgo de conflictos de intereses. Por lo tanto, estas iniciativas han de incluir salvaguardias eficaces contra los conflictos de intereses, con el objetivo de proteger la independencia, la integridad y la confianza de los agentes e instituciones públicos[18].

FIAN Internacional, IBFAN y SID examinaron el caso específico de la iniciativa para el fomento de la nutrición (SUN)[19], una iniciativa de múltiples partes interesadas fundada en 2010, cuya misión declarada es “acabar con la malnutrición en todas sus formas”. Entre los miembros de la Red de empresas SUN se encuentran empresas como Mars, PepsiCo, DSM, Ajinomoto, Kellogg’s y Cargill, muchas de las cuales son fabricantes líderes de alimentos ultraprocesados. Las conclusiones del estudio sugieren que, en lugar de lograr cambios significativos en la vida de las personas más afectadas por el hambre y la malnutrición, SUN puede en realidad empeorar su situación de vulnerabilidad y marginación, al tiempo que socava los esfuerzos de quienes piden una regulación eficaz sobre los conflictos de intereses.

En respuesta a las críticas previas de la sociedad civil en relación con su gestión de los conflictos de intereses, SUN elaboró orientaciones para abordar estos conflictos. Las orientaciones son sin embargo muy problemáticas, ya que redefinen fundamentalmente el concepto jurídico de los conflictos de intereses de una manera que acomoda y legitima la estructura de gobernanza de múltiples partes interesadas de SUN. En este sentido, la finalidad de las salvaguardias contra los conflictos de intereses presentadas en la definición de SUN es la protección de los “objetivos del esfuerzo conjunto”, es decir, de lo que hayan acordado todos los miembros de la iniciativa, incluidas las empresas. Asimismo, las orientaciones sugieren que los conflictos de intereses son “externos” y provocados por desacuerdos y diferencias de opinión entre agentes que pueden ser resueltos. De esta forma, confunde los conflictos de intereses con opiniones e intereses divergentes entre distintos agentes.

Lamentablemente, el concepto redefinido de conflicto de intereses de SUN, a pesar de las fuertes críticas de expertos en este tipo de conflictos, también influyó en procesos de la OMS. Esto incluye la elaboración del Marco para la colaboración con agentes no estatales de la Organización y sus orientaciones sobre Salvaguardias ante posibles conflictos de intereses en los programas de nutrición: proyecto de enfoque para la prevención y el manejo de los conflictos de intereses en la formulación de políticas y la ejecución de programas de nutrición a escala de país[20].

La transformación de los sistemas alimentarios: Lecciones aprendidas en Cuba

Cuba representa un ejemplo de transición agroecológica. Se estima que el 60 % de las verduras, el maíz, los frijoles, las frutas y la carne de cerdo que se consumen en Cuba se producen de forma agroecológica. La importancia de la agricultura ecológica urbana —los llamados “organopónicos”— aporta hasta el 70 % de las verduras producidas agroecológicamente en las grandes ciudades (Altieri, 2016)[21].

La transición comenzó tras el colapso soviético que, junto con el embargo estadounidense preexistente, obligó a las y los agricultores a sustituir los insumos para la producción industrial intensiva de alimentos por otros ecológicos (IPES-Food, 2018). Con el paso del tiempo, los agricultores empezaron a utilizar una amplia gama de prácticas agroecológicas, como la diversificación de cultivos o el control biológico de plagas. Entre los pasos más importantes de la transición cubana, cabe recalcar los siguientes:

  • Los intercambios descentralizados de conocimientos de campesino a campesino, basados en una metodología de enseñanza y asesoramiento entre homólogos (GANESAN, 2019)[22], que no solo impulsaron la difusión de conocimientos sino que ayudaron a crear solidaridad entre los agricultores (Rosset et al., 2011)[23];
  • Convertir a los agricultores en expertos en la investigación y los intercambios, al tiempo que se institucionaliza la agroecología en los programas educativos;
  • El desarrollo de variedades de cultivos y productos biológicos adaptados a las condiciones locales (IPES-Food, 2018)[24];
  • La creación de cooperación institucional entre diferentes actores, como los centros de investigación y los servicios de asesoramiento para la agroecología, demostrando la importancia de la cooperación entre el Estado, los movimientos sociales y la investigación científica (GANESAN, 2019)[25].

Las iniciativas fueron lideradas por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que recibió apoyo del Estado una vez que quedó claro el potencial de la transición agroecológica.

Por lo tanto, la experiencia cubana pone de relieve la importancia de las políticas estatales de apoyo, de un campesinado altamente organizado y del uso intencionado y sistemático por parte de una organización campesina de una metodología para el cambio social. No obstante, aún no se ha logrado el acceso a dietas saludables y sostenibles para la población cubana en su totalidad, y la agroecología sigue coexistiendo con prioridades y paradigmas que compiten entre sí (IPES-Food, 2018)[26].