Introducción
Los derechos humanos se aplican a todas las dimensiones de los sistemas alimentarios y en particular a las dimensiones de gobernanza, normativa y rendición de cuentas de los sistemas alimentarios. Aunque el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas (y todas sus dimensiones relativas a la adecuación, la accesibilidad, la disponibilidad y la sostenibilidad) es central en un enfoque de los sistemas alimentarios basado en los derechos humanos, los derechos humanos son indivisibles e interdependientes y están interrelacionados. En este sentido, el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas está estrechamente interconectado con otros derechos humanos (GANESAN, 2020).
Obligaciones de los Estados en virtud del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas
Los Estados tienen la responsabilidad primaria de respetar, proteger y realizar los derechos humanos en todos los sistemas alimentarios. El derecho a una alimentación y nutrición adecuadas está en el centro de la gobernanza de los sistemas alimentarios en el contexto de la indivisibilidad de los derechos humanos, con especial referencia al derecho a la salud, los derechos de los y las campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres y los y las niñas y los derechos de las trabajadoras y trabajadores[39].
Los Estados deberían crear mecanismos eficaces de monitoreo y evaluación que aseguren que las políticas, las inversiones y otras medidas públicas son conformes con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Asimismo, deberían garantizar una función significativa para la sociedad civil en el monitoreo y la evaluación, en particular para los
grupos históricamente desfavorecidos. El monitoreo y la evaluación deben estar libres de interferencias por parte de agentes corporativos. Una parte importante del monitoreo y la evaluación se refiere también a las evaluaciones previas y continuas del impacto en los derechos humanos de las políticas e intervenciones (propuestas) con vistas a determinar y prevenir los posibles riesgos para el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas y otros derechos conexos.
La rendición de cuentas es una condición fundamental para una gobernanza democrática y basada en los derechos humanos. Los Estados deberían garantizar la transparencia de sus acciones y establecer marcos y mecanismos claros mediante los cuales puedan rendir cuentas por las decisiones y medidas adoptadas en relación con los sistemas alimentarios que tienen un impacto en los derechos humanos. Los Estados también deberían establecer normativas y marcos de rendición de cuentas claros para que los agentes privados, incluidas las empresas, rindan cuentas por las acciones que repercutan en los derechos humanos en los sistemas alimentarios. Un ejemplo relacionado con la pandemia de COVID-19 es cómo el sistema alimentario industrial enfermo destruye el medio ambiente y crea las condiciones para la propagación de zoonosis, al tiempo que produce alimentos ultraprocesados que aumentan el riesgo para la salud de las personas de enfermedades no transmisibles, como la obesidad y la diabetes.
El debilitamiento intencionado de las instituciones públicas a cargo del bienestar social, la regulación y la redistribución de la riqueza exacerba la desigualdad y desestabiliza la paz social. La pobreza crónica, la violencia estructural y los conflictos internos y transfronterizos provocan un aumento de las personas migrantes y refugiadas, destruyen el tejido social y afectan a la esperanza de la juventud de tener una vida digna. La resistencia a estas injusticias se ha criminalizado y se ha enfrentado a una brutal represión. En consecuencia, la realización del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas se ha visto gravemente comprometida. Además, las comunidades sobre el terreno han estado explorando alternativas para complementar la gobernanza institucional y los mecanismos de rendición de cuentas internacionales, especialmente en el contexto del debilitamiento de los espacios institucionales internacionales de derechos humanos.
¿Dónde encontrar respuestas a las preguntas?
Mecanismos existentes para la participación de la sociedad civil y, especialmente, de las personas afectadas por el hambre y la malnutrición (incluidas las personas que producen alimentos a pequeña escala): ¿quién participa y en qué condiciones? En el caso de los mecanismos que incluyen al sector privado, ¿se establecen salvaguardias contra los conflictos de intereses?
