Introducción
El sistema industrial predominante de agricultura y producción de alimentos de monocultivo y con un uso intensivo de insumos agrava el cambio climático y perjudica a las comunidades y al medio ambiente. Los movimientos sociales llevan mucho tiempo denunciando este modelo destructivo de producción de alimentos.
Los derechos medioambientales se relacionan directamente con el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas, habida cuenta de los vínculos existentes entre la alimentación, la tierra, los territorios y un medio ambiente sano. La cada vez más profunda crisis ecológica mundial pone de manifiesto la importancia de los suelos fértiles, el agua limpia, las poblaciones de peces salvajes, los bosques y los polinizadores para realizar el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas de las generaciones actuales y futuras. El término “derechos medioambientales” se refiere a la interacción entre los derechos humanos y el medio ambiente. El derecho internacional del medio ambiente ha evolucionado rápidamente desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo en 1972. Desde entonces, los Estados han elaborado un gran número de acuerdos ambientales multilaterales, han reformado sus constituciones para reconocer el derecho a un medio ambiente sano y han comenzado a establecer marcos e instituciones reglamentarios medioambientales. Desde la Cumbre de la Tierra de 1992, los esfuerzos para integrar estos dos ámbitos del derecho y la política se han descrito como la “ecologización de los derechos humanos”. Este proceso se centra en aclarar las dimensiones medioambientales de los derechos humanos protegidos.
Obligaciones de los Estados
El derecho a una alimentación y nutrición adecuadas es esencial para lograr la justicia social, medioambiental y climática. La sostenibilidad es un componente fundamental del contenido normativo del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas[35]. Esto abre la puerta a un examen de los efectos medioambientales que repercuten en la sostenibilidad y la capacidad de las comunidades y los individuos para disfrutar del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas de forma efectiva. La interrelación entre los derechos medioambientales y el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas se está expandiendo cada vez más e incluye, por ejemplo: el impacto de los plaguicidas altamente peligrosos y los sistemas alimentarios industriales, los OMG y la diversidad biológica, las semillas y los conocimientos tradicionales, los residuos peligrosos y los suelos, el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del uso de la tierra, la pesca artesanal y la conservación, los bosques y el secuestro de carbono.
En virtud de sus obligaciones en materia del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas, los Estados deben respetar los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades de productores de alimentos a pequeña escala, incluido de los pescadores tradicionales y los pastoralistas/ganaderos a sus tierras ancestrales, los recursos naturales y el uso tradicional de la tierra. En este sentido, todas las comunidades potencialmente afectadas deben participar en todas las etapas de los procesos de toma de decisiones de forma significativa, y debe garantizarse su derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) cuando se planifiquen proyectos o políticas con posibles efectos perjudiciales para el medio ambiente. Proteger a las y los productores de alimentos a pequeña escala, incluidos los pescadores tradicionales y los criadores de ganado que gestionan y utilizan los ecosistemas de forma sostenible frente al acaparamiento de recursos naturales y la destrucción del medio ambiente es fundamental para promover una alimentación diversa, fresca y saludable.
Los marcos legislativos de los Estados deberían adherirse al principio de precaución e incluir medidas para la prevención y mitigación de los daños medioambientales. Por ejemplo, los Estados deberían contar con medidas y reglamentos para prevenir y mitigar la contaminación del agua y el aire, limitar la acumulación de contaminantes y regular estrictamente el uso de productos agroquímicos, en particular prohibiendo el comercio, la distribución y el uso de plaguicidas altamente peligrosos. Deberían establecerse sistemas eficaces de gestión de riesgos, así como mecanismos de monitoreo medioambiental, a fin de prevenir los daños al medio ambiente y a la salud en todos los sistemas alimentarios.
Las obligaciones de los Estados en materia del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas en relación con el medio ambiente también les exigen alinear sus políticas financieras, de inversión, económicas, de desarrollo y de otros tipos con la protección del medio ambiente. Las obligaciones extraterritoriales de los Estados revisten especial importancia en este contexto, ya que muchas de estas políticas pueden repercutir en los derechos medioambientales en el extranjero.
Es vital proporcionar acceso a los recursos judiciales, así como a la reparación, que incluye la indemnización, la restitución y la restauración para las personas y las comunidades afectadas por los daños medioambientales. Estos mecanismos de recurso también deberían ponerse a disposición de las comunidades afectadas de otros países.
Por último, los Estados tienen que garantizar un entorno seguro y propicio para las personas y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en cuestiones ambientales.
Dónde encontrar respuestas a las preguntas
Puede encontrarse información pertinente para las preguntas en una serie de lugares, entre ellos los siguientes:
- Organismo o ministerio gubernamental de medio ambiente: Estas instituciones pueden tener sistemas de información pública, emitir informes y comunicados de prensa y otras fuentes de información.
- Leyes, regulaciones y jurisprudencia: Las bases de datos nacionales e internacionales pueden ayudar a establecer la información de referencia de los requisitos jurídicos.
- Códigos de conducta corporativa e informes: Estos instrumentos pueden incluir información sobre cuestiones de salud ocupacional.
- Registros de vertidos y transferencias de contaminantes: Estos instrumentos pueden ayudar a acceder a datos sobre contaminación.
- Entrevistas con miembros de la comunidad y trabajadores, incluidas entrevistas específicas con mujeres u otros grupos que sufren discriminación: Esta metodología puede ayudar a amplificar las voces y los testimonios de la comunidad, así como a demostrar o incluso revelar hechos.
- Entrevistas de prensa y contactos con periodistas: Los periodistas especializados pueden tener mucha información sobre la situación de los derechos medioambientales en una región o lugar específico.
- Fuentes académicas (académicos que realizan investigación participativa sobre el tema).
- Instituciones tradicionales de base comunitaria como grupos de madres, grupos religiosos, grupos de agricultores, etc.
