Introducción[3]
La noción de sistemas alimentarios se refiere a la red de agentes, procesos e interacciones que participan en el cultivo, la elaboración, la distribución, la preparación, el consumo y la eliminación de los alimentos[4], así como los resultados sociales, económicos y ambientales que generan estas actividades[5].
Una visión holística de los sistemas alimentarios se centra en cómo los distintos procesos interactúan entre sí y con sus contextos medioambientales, sociales, políticos y económicos más amplios[6], reconociendo al mismo tiempo la función particular que desempeñan el poder, el género y las relaciones generacionales. También reconoce la compleja interrelación de los sistemas alimentarios con otros sistemas, como los ecosistemas, los sistemas económicos, los sistemas socioculturales y los sistemas de salud[7].
Los sistemas alimentarios afectan al derecho a una alimentación y nutrición adecuadas (DHANA) en todas sus dimensiones, desde la disponibilidad y la accesibilidad de los alimentos hasta su adecuación (por ejemplo, cultural, de seguridad o nutricional). Los derechos de los y las campesinas a los recursos naturales, los derechos de las personas trabajadoras a salario dignos y a la protección social, y los derechos de los y las niñas a dietas saludables, están intrínsecamente ligados al sistema alimentario. En consecuencia, la forma en que se configuran los sistemas alimentarios, desde la semilla hasta el plato, es fundamental para la realización del derecho a la alimentación y a la nutrición, y de los derechos conexos.
El sistema alimentario corporativo mundial dominante y su modo de producción agroindustrial, basado en el monocultivo, altos niveles de insumos químicos y semillas comerciales, socavan el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas de múltiples maneras y desempeñan una función central en el hambre y la malnutrición[8]. A lo largo del sistema alimentario corporativo se explota a las personas, los animales y la naturaleza para mantener los costos bajos y aumentar los beneficios. El sistema promueve la homogeneización de las dietas y el consumo de productos comestibles ultraprocesados altamente rentables (“comida basura”), con efectos perjudiciales para la salud de las personas y la biodiversidad de nuestro planeta. Como consecuencia directa, están desapareciendo las variedades locales de plantas adaptadas a las condiciones locales, así como los conocimientos sobre cómo cultivarlas y prepararlas para una nutrición óptima. Al mismo tiempo, el cambio climático, la destrucción ecológica y el acaparamiento de recursos naturales vinculados al sistema alimentario corporativo están privando a las comunidades de la capacidad de cultivar sus propios alimentos y, por ende, de su soberanía alimentaria.
En los últimos años ha aumentado el reconocimiento de la necesidad de transformar los sistemas alimentarios para hacerlos más saludables y sostenibles. Lamentablemente, este debate suele estar marcado por la falta de una perspectiva de derechos humanos y de atención a los problemas asociados al sistema alimentario corporativo. Como consecuencia, muchas soluciones permanecen en la superficie y, lo que es más importante, dentro del sistema alimentario corporativo, en lugar de buscar un cambio que se aleje de él. Irónicamente, es cada vez más frecuente que las mismas corporaciones que están detrás de las prácticas de explotación que caracterizan al sistema alimentario corporativo sean invitadas a contribuir a los debates de políticas públicas sobre cómo mejorar el sistema. Esto supone un importante obstáculo para la transformación significativa de los sistemas alimentarios.
Mientras tanto, las personas que producen alimentos a pequeña escala, que producen la mayor parte de los alimentos del mundo al tiempo que cuidan del planeta, y otros grupos más afectados por el hambre y la malnutrición han sido excluidos en gran medida de los debates de políticas públicas y sus soluciones han sido ignoradas o pasadas por alto[9]. Esto es especialmente cierto en el caso de la agroecología[10], que describe una amplia gama de prácticas que preservan el medio ambiente, protegen y aumentan la biodiversidad, preservan los conocimientos tradicionales, fomentan la resiliencia y buscan cambiar las relaciones de poder establecidas. Si bien se reconoce tanto en la teoría como en la práctica que es fundamental para transformar los sistemas alimentarios, la agroecología ha recibido una atención limitada y a menudo se presenta como “una solución entre muchas otras”, en lugar de como el camino a seguir para hacer que los sistemas alimentarios sean saludables, sostenibles y justos. En este sentido, la gobernanza de los sistemas alimentarios —quién tiene voz en la configuración del sistema— está en el centro de la transformación de estos sistemas.
Obligaciones de los Estados
Los Estados tienen la obligación de estructurar los sistemas alimentarios de manera que contribuyan a la realización del derecho a la alimentación y a la nutrición y los derechos humanos conexos, y que no la socaven. Deben garantizar que las políticas y programas relacionados con los sistemas alimentarios, por ejemplo, agrícolas, ambientales, alimentarios y nutricionales, laborales y comerciales, sean coherentes y fomenten los derechos humanos en todas sus dimensiones y en todo el sistema alimentario. Por ejemplo, un programa de comidas escolares no debería limitarse a los objetivos nutricionales y de salud del alumnado, sino que al mismo tiempo debería tratar de proteger el medio ambiente y mejorar los medios de vida de las personas que producen alimentos a pequeña escala (por ejemplo, la compra de alimentos producidos de forma sostenible a precios justos de productores de alimentos a pequeña escala locales). Del mismo modo, los esfuerzos para aumentar el acceso de los “consumidores” a alimentos saludables no deberían basarse simplemente en abaratar dichos alimentos, ya que esto puede tener efectos perjudiciales para los y las campesinas y las personas trabajadoras que dependen de precios y salarios justos para realizar su propio derecho a la alimentación y a la nutrición. En consecuencia, las intervenciones en los sistemas alimentarios deben adoptar una perspectiva holística que tenga en cuenta las repercusiones en todo el sistema alimentario. Estas intervenciones deberían fundamentarse en las experiencias de las personas más afectadas por el hambre y la malnutrición, y situar sus necesidades y derechos en el centro. Esto incluye a las y los trabajadores (véase el módulo sobre los derechos de los trabajadores), los pueblos indígenas y las comunidades rurales, incluidos los campesinos y otros productores de alimentos a pequeña escala (véase el módulo sobre la soberanía alimentaria), las mujeres (véase el módulo sobre los derechos de las mujeres), los niños, los adolescentes y los jóvenes, entre otras personas.
Un enfoque basado en los derechos humanos para la gobernanza de los sistemas alimentarios implica que los grupos más afectados por el hambre y la malnutrición disponen del espacio y los medios para participar de forma significativa en la formulación y aplicación de las políticas públicas. Al mismo tiempo, requiere salvaguardias eficaces para proteger de la influencia de la industria alimentaria y sus grupos de presión en la elaboración de políticas públicas. Las políticas públicas y las regulaciones deben situar a las personas y sus derechos en el centro, y no los beneficios de las corporaciones. Cuando existan plataformas de múltiples agentes, estas deben distinguir claramente y garantizar las funciones adecuadas de los distintos agentes que participan (por ejemplo, titulares de derechos frente a grupos con intereses comerciales), incluido abordando las diferencias de poder. También es fundamental contar con sólidos mecanismos de rendición de cuentas para defender el interés público y garantizar que las políticas públicas se ajusten a los derechos humanos. Los sistemas alimentarios tienden a estar configurados por factores que trascienden las fronteras nacionales, como las normas internacionales de comercio e inversión, y el cambio climático y la contaminación ambiental. Por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos desempeña una función esencial para garantizar sistemas alimentarios basados en los derechos humanos. Un componente esencial en este sentido es la regulación de las corporaciones transnacionales.