Las personas que se dedican a la agricultura, incluidas las inmigrantes, no solo sufren problemas de salud relacionados con el modo de producción industrial. Muchas de ellas son también víctimas de violaciones de los derechos humanos y laborales. Reciben salarios inadecuados, soportan tener que vivir en chozas insalubres y trabajan en condiciones de esclavitud o extremadamente peligrosas.
Un ejemplo es la situación de los y las inmigrantes de Marruecos que trabajan en las plantaciones de fresas de la provincia española de Huelva, que exporta en gran medida la fruta a Alemania, Reino Unido y Francia.
A menudo, las mujeres sufren condiciones de trabajo y de vida mucho peores que las de los hombres. Esto se debe a que el sistema alimentario dominante reproduce, e incluso agrava, las desigualdades de género enraizadas en el patriarcado. Este sistema se basa en la distribución desigual del poder entre hombres y mujeres en detrimento de estas últimas, ya que las mujeres suelen dedicarse al cuidado y al trabajo doméstico no remunerado.